La campaña Salvemos la Patagonia informó que se conocieron más causas administrativas y judiciales que ponen en duda los cumplimientos ambientales de Cooke Aquaculture Chile S.A en los lugares donde opera. Fuente: El Divisadero, 13 de marzo de 2025.
En los últimos días se dio a conocer una sentencia del Juzgado de Puerto Aysén que condenó a la salmonera de capitales canadienses a pagar una multa de 500 UTM ($ 34 millones) y la suspensión de operaciones de un ciclo productivo en nueve centros, entre ellos dos al interior el Parque Nacional Laguna San Rafael.
La sentencia, del 25 de enero y que se inició por denuncia del Servicio Nacional de Pesca, afecta los centros Ballenas 3, Explorer River Salmon 5, Explore River Salmon 1, Mentirosa 1, Mentirosa 3, Punta Caldera, Punta Garrao, Huillines 2 y Huillines 3. Estos dos últimos ubicados dentro de la reconocida área protegida.
Según pudo constatar el tribunal, la empresa infringió diversos artículos de la Ley de Pesca, determinándose “el incumplimiento respecto a la entrega de información fuera de plazo de las mortalidades generadas en los centros de cultivo”.
Estos hechos fueron constatados durante la fiscalización realizada por Sernapesca, que abarcó las semanas 26 a 29 del año 2023, donde se evidenció retrasos en los reportes de mortalidad, lo que se consideró una infracción a la normativa actual. En concreto fueron “un total de 36 declaraciones fuera de plazo, habida consideración de un total de 4 periodos de mortalidad declarados (fuera de plazo) por cada uno de los 9 (nueve) centros de cultivo”.
Como agravante, a ese momento “ya contaba con incumplimientos en la fecha de entrega… en el centro de cultivo denominado Erasmo 01”.
Según explicaron profesionales de Sernapesca en el juicio, la entrega de información a tiempo en los centros de cultivo es esencial para “conocer el detalle de la mortalidad generada como consecuencia de diferentes eventos o situaciones desfavorables que pueden afectar la condición sanitaria del plantel, lo cual es fundamental para lograr establecer medidas de fiscalización y control oportunas”. También, para implementar “los procedimientos tendientes a prevenir la diseminación de agentes patógenos (biocontención) y reforzar la vigilancia para la detección temprana de enfermedades de alto riesgo en caso de ser necesario, con el objetivo de resguardar el patrimonio sanitario y ambiental del país”.
Todo esto es fundamental a la luz de las diversas crisis sanitarias que han afectado a la salmonicultura en Chile, generando la pérdida de miles de empleos y múltiples consecuencias para la biodiversidad marítima.
Posterior a dictada la sentencia, Cooke apeló a principios de febrero ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique que aún debe resolver al respecto.
Fuente: Fundación Terram
El Maipo
