(Ciudad de Panamá) La reacción ante nuevas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de retomar el Canal por la fuerza y protestas populares contra una ley de seguro social signaron la semana que hoy concluye en Panamá.
Según reflejaron medios locales de prensa, el Departamento de Defensa del norteño país estaría preparando planes para enviar tropas al istmo con el objetivo de tomar el control de la vía interoceánica, y citan a la cadena NBC y fuentes ligadas al Gobierno.
En un reciente foro titulado “El futuro del Canal de Panamá en el tiempo de Trump”, el abogado Alonso Illueca precisó a Prensa Latina que el Gobierno de José Raúl Mulino es opuesto a recurrir al multilateralismo, como funcionó en las negociaciones para los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en 1977.
Illueca instó al Ejecutivo a impulsar esa campaña con más fuerza en la Organización de Estados Americanos (OEA), que atesora esos documentos; y también en Naciones Unidas, donde desde enero de este año Panamá es miembro no permanente del Consejo de Seguridad.
Otros analistas como Julio Linares respaldaron la idea de que la actual política exterior del país centroamericano presenta carencias y no parece haber una estrategia nacional clara, lo que facilita la imposición de los intereses de Washington en detrimento de los nacionales.
Para el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá y exsecretario general de la cancillería, Jones Cooper, se debe internacionalizar la causa de la defensa del Canal y su soberanía, pero el Gobierno hace lo contrario, se pelea con potenciales países de América Latina; eleva tensiones con Europa y China, en detrimento de cierto contrapeso.
De otra parte, en los últimos siete días, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 163, sobre reformas a la estatal Caja de Seguro Social, al que se oponen organizaciones de la alianza Pueblo Unido por la Vida.
Los colectivos señalaron que derrotarán en las calles esa iniciativa con la que el Gobierno pretende robarse los fondos de la CSS y entregarlos a los bancos y empresas privadas administradoras de pensiones, además que enmascara el aumento de la edad de retiro.
La alianza anunció además acciones como una marcha el próximo martes hacia el Legislativo y una huelga de advertencia de 24 horas.
Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó en su conferencia de prensa semanal que dará su visto bueno al documento aprobado.
El gobernante adelantó que sancionaría la ley en los primeros días de la próxima semana y agregó que no se arrepiente de presentar esa norma y que sin importar el “costo político” que tendría para él, seguirá enfrentando las consecuencias.
El Maipo/PL
