El Gobierno argentino oficializó un decreto de necesidad y urgencia firmado en la noche del 10 de marzo por el presidente, Javier Milei, que habilita una toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que se discuta en el Congreso Nacional a través de una ley.
“Apruébense las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, las que tendrán un plazo de amortización de 10 años“, indica el decreto publicado en el Boletín Oficial.
Según el texto firmado por Milei y otros nueve ministros de su gabinete, el nuevo préstamo del órgano crediticio será destinado a la cancelación de las letras transferibles en dólares en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Los fondos también se destinarán a las operaciones de crédito público incluidas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 “cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo a celebrarse en los términos” del decreto.
El Gobierno se amparó en discusiones parlamentarias para afirmar que la competencia del Congreso “no es la de aprobar los términos y las condiciones de un acuerdo celebrado con el FMI, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley”.
Por las mismas fuentes, la actual gestión defendió que “en materia de deuda pública no hay competencias concurrentes, sino que hay competencias divididas y que le corresponde al Poder Ejecutivo la suscripción y la negociación de la deuda”.
En una repetición de lo que ya dijo el presidente, el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, aseguró que con este nuevo crédito “no se incrementa la deuda pública”, y recordó que el DNU “tiene la fuerza de una ley (…) mientras no sea rechazado por las cámaras”.
Siete diputados argentinos presentaron el 10 de marzo una denuncia penal contra Milei por su intención de emitir un DNU y que sea aprobado por el Congreso sin habilitar a un debate legislativo, como señala la Constitución y la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.
Esta normativa, impulsada durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, establece que es necesaria una ley del Congreso para aceptar todo programa de financiamiento del FMI.
Según alegó el Ejecutivo en el DNU, esta norma no estipula que el Congreso “se haga cargo de los fundamentos y de los términos concretos de los acuerdos en particular, sino que únicamente hace referencia a la aprobación legal de la operación de crédito”.
Para tumbar el decreto de Milei, es indispensable que las dos Cámaras legislativas manifiesten su rechazo a la norma, lo cual sucedería con una mayoría simple, es decir, con la mitad de los legisladores presentes más uno. Medios locales estiman un desembolso que oscila entre los 10.000 y los 20.000 millones de dólares.
En un año electoral, ante los comicios legislativos de octubre, la actual gestión negocia desde hace meses un nuevo crédito que se sumaría al préstamo de 44.000 millones de dólares concedido entre 2018 y 2019 a la administración del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019).
Argentina, que es la mayor deudora del FMI, debe a la entidad multilateral 40.548 millones de dólares, según cifras actualizadas al 31 de enero de 2025.
El Maipo/Sputnik
