El desalojo de más de 10 mil habitantes de un asentamiento en la comuna de San Antonio quedó suspendido temporalmente gracias a un protocolo de acuerdo adoptado entre el gobierno y los dueños del terreno.
En virtud del convenio los propietarios de las 260 hectáreas del Cerro Centinela se comprometen a revisar una eventual propuesta de compra para dar solución al conflicto.
Además, quedará conformada una Comisión Técnica que tendrá un plazo de seis meses para examinar las condiciones de venta del terreno, el precio y las garantías.
Con ello queda sin efecto la expulsión de los pobladores del lugar, que estaba programada inicialmente para el próximo jueves.
En la reunión de este lunes participaron el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; el alcalde de San Antonio, Omar Vera; el Subsecretario del Interior, Luis Cordero; y los propietarios del sitio, Ricardo Posada y Esteban Solari.
El Cerro Centinela, comenzó a poblarse de manera irregular al inicio de la pandemia en 2019 y continuó extendiéndose hasta convertirse en la mayor toma de terrenos existente en el país.
En la actualidad hay más de cuatro mil 100 familias en ese campamento y 31 por ciento de los habitantes son niños y adolescentes y otro 30 por ciento adultos mayores.
La coordinadora de Tomas y Campamentos en San Antonio y Cartagena, Johanna Palacios, dijo que los pobladores están trabajando en la conformación de cooperativas para obtener las tierras y poder quedarse en el lugar.
Durante los últimos meses tuvieron lugar numerosas protestas y cortes de rutas de los vecinos para impedir el desalojo.
Según un informe de la fundación TECHO, en el país hay más de 114 mil familias en mil 290 asentamientos informales, 70 por ciento de las cuales son chilenas y solo seis de cada 100 provienen de otros países.
Entre las principales causas del problema, el estudio menciona los de índole social y económico, como la falta de acceso a casas formales, los altos costos del arriendo y las dificultades laborales para migrantes y nacionales.
El Maipo/PL
