Un proyecto destinado a mejorar las pensiones en Chile continúa su trámite en el Congreso Nacional y hoy pasará a la Comisión de Hacienda para su debate, antes de ser sometido al plenario del Senado.
En esencia, la propuesta presentada por el Gobierno y apoyada por una buena parte de la oposición, establece un sistema de seguridad social que busca hacerse cargo del aumento de los índices de longevidad y de la brecha en las jubilaciones de hombres y mujeres.
También prevé aumentar a 250 mil pesos (unos 248 dólares) la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual se entrega a personas de 65 años o más que no perciben retiro en algún régimen previsional.
Aunque se mantiene el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, sí se podrán realizar licitaciones públicas, introducir mayor competencia entre las empresas y permitir el ingreso de nuevos actores.
Durante más de 40 años las AFP se han enriquecido con los ahorros de los trabajadores; sin embargo, entregan pensiones de miseria a sus afiliados.
El nuevo proyecto podría beneficiar a unos 2,8 millones de adultos mayores con un aumento de las jubilaciones de entre 14 y 35 por ciento.
De acuerdo con la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, el acuerdo político alcanzado entre los sectores del oficialismo y la oposición es un avance para el país porque se destraba una puerta que ha estado trancada desde hace una década.
Dentro de los logros mencionó el hecho de que el empleador tenga que hacer un aporte a las pensiones, rol que había dejado de cumplir desde hace 43 años, la creación del seguro social y los beneficios para disminuir las desigualdades en el sistema previsional.
Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma, señaló que hoy día nadie se extraña de que la gente pueda vivir 80, 85 y 90 años y un sistema que fue creado con otros límites, obviamente tiene que modernizarse.
El Ejecutivo espera despachar la iniciativa este mes y para ello no se descarta que el mandatario Gabriel Boric utilice la atribución presidencial de citar al Congreso a sesionar la última semana de enero, que corresponde a trabajo distrital.
Según una reciente encuesta de la firma Plaza Pública Cadem, 68 por ciento de los chilenos está a favor de aprobar el proyecto.
El Maipo/PL
