Diversos medios internacionales han venido advirtiendo sobre el acuerdo existente entre el actual Gobierno del Ecuador liderado Daniel Noboa y el de los Estados Unidos, para hacer entrega de las Islas Galápagos, patrimonio y santuario de la humanidad, para la construcción de una base militar del país del norte, ello, pese a los múltiples y diversas denuncias y reclamos que han puesto comunidades científicas, organizaciones ambientales, etc.
Con esta decisión, entrarían en vigor los tratados de cooperación militar de Estados Unidos con Ecuador firmados por el presidente Daniel Noboa el pasado 15 de febrero de 2024, permitiendo que buques y submarinos, el armamento, personal militar y respectivo equipamiento puedan instalarse en las Islas protegidas por UNESCO desde el año 1978.
De acuerdo al tratado de cooperación entre Ecuador y los EE.UU, todo el material y equipos de guerra, las aeronaves, tripulaciones y personal de mantención estadounidenses estarán exentas de impuestos administrativos y tendrán privilegios e inmunidades equivalentes a lo recibido por el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena.
La medida, que atenta contra uno de los lugares más protegidos del planeta por su rica y endémica biodiversidad, contraviene la Constitución de 2008 del Ecuador al prohibir la presencia de fuerzas o bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, y que a pesar que Noboa enviará a la Asamblea Nacional una reforma para eliminar dicho Artículo que prohíbe la presencia militar de bases de otros países, el parlamento aún no se pronuncia la respecto.
En distintos medios informativos, se ha señalado que el ex vicecanciller ecuatoriano Fernando Yépez indicó que la instalación de bases estadounidenses en Ecuador “es inaceptable, vergonzoso, peligroso, indigno servilismo colonial. No hay conciencia de la soberanía nacional, ni de los intereses del Ecuador, ni de las experiencias negativas con bases militares extranjeras”.
Muchos expertos creen que la iniciativa de Noboa, de dejar la seguridad nacional en manos de las fuerzas estadounidenses, responde más a un interés político que a un tema de bienestar social en Ecuador y argumentan que la presencia de una base estadounidense en el país entre 1999 y 2010 no contribuyó a la reducción de tasa de crímenes, y la cifra aumentó durante esa década.
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