El Supremo Tribunal Federal (STF) retomará hoy el juicio de las acciones que discuten la responsabilidad de las redes sociales en Brasil por los contenidos publicados por los usuarios.
Hasta el momento, ningún ministro votó y los procesos están bajo la relatoría de los magistrados Antonio Dias Toffoli y Luiz Fux.
Una de las acciones discute si el artículo 19 del marco civil de Internet es constitucional o no.
Tal apartado requiere que se emita una orden judicial específica antes que los sitios web, proveedores de servicios de Internet y aplicaciones de redes sociales, sean considerados responsables por el contenido perjudicial publicado por otras personas.
En otra arista, los ministros analizarán la responsabilidad de los proveedores de aplicaciones o herramientas del ciberespacio por el contenido generado por los usuarios y la posibilidad de eliminar contenidos que puedan ofender a los derechos de la personalidad, incitar al odio o difundir noticias falsas a partir de la notificación extrajudicial.
Toffoli comenzó a votar en la sesión del 28 de noviembre, pero no terminó su discurso.
Para el juez, lo que impulsa las redes sociales son las materias de violencia, odio y falsedades.
Durante el debate sobre el tema, los letrados manifestaron desazones por la negativa de los espacios digitales a retirar perfiles engañosos.
Por ejemplo, el ministro Alexandre de Moraes aludió a su experiencia, al decir que las plataformas «dificultan y casi ignoran cuando intentas retirar un perfil falso tuyo».
No tengo Instagram, no tengo Facebook, y tengo como 20 perfiles. «Y tengo que estar corriendo detrás», refirió.
Consideró que resulta irrebatible para la plataforma que el perfil no es suyo, porque solo critica. «Sería algo surrealista», apuntó.
Por lo anterior, el asunto es muy importante para ser discutido «porque no hay buena voluntad de las plataformas en retirar», reiteró.
También, los ministros Gilmar Mendes y Carmen Lucia Antunes afirmaron que pasan por situaciones similares. Los casos implican la aplicación de un fragmento del marco civil de Internet.
La ley, que entró en vigor en 2014, funciona como una especie de Constitución para el uso del escenario virtual en Brasil, pues establece principios, garantías, derechos y deberes para los usuarios y las empresas.
El Supremo deberá elaborar una tesis, que será aplicada en procesos sobre el mismo tema en las instancias inferiores de la Justicia.
Datos del Consejo Nacional de Justicia revelan que hay al menos 345 expedientes con el mismo contenido esperando un desenlace en la corte superior.
EL Maipo/PL
