Para hoy está prevista la discusión en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas la discusión del proyecto de ley que modificará la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.
En los días previos, el grupo de organizaciones afirmó que estas modificaciones vulneran los derechos de las personas extranjeras, especialmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
A partir de una misiva elaborada por las organizaciones Migrantas, Corporación Humanas y Colectivo sin Fronteras, las más de cien organizaciones manifestaron su molestia y preocupación:
“De aprobarse estas modificaciones sería un retroceso significativo en la protección de los derechos de personas migrantes”.
Recordemos que el ejecutivo no había renovado la urgencia a esta discusión en el parlamento desde el 12 de noviembre, no obstante, volvió a renovarla solo siete días después. Frente a esto, la carta de las organizaciones firmantes se entregada el miércoles 20 de noviembre.
Afirman que los cambios vulneran derechos reconocidos por la Constitución y por pactos y tratados de DDHH suscritos y ratificados por el Estado Chileno.
Los cambios incorporados al texto de las modificaciones irían en contra de: la Convención de los Derechos del Niño; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos normativos.
Así, se institucionalizarían prácticas que discriminarían y castigarían a amplios segmentos de la población extranjera en nuestro país. Afectando con especial intensidad a quienes viven en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad como las niñeces migrantes y quienes no tienen opciones de regularización en las actuales situaciones restrictivas que se han ido acentuando en los últimos años, aunque la gran mayoría no tiene antecedentes delictuales.
Lo anterior se refleja específicamente en los efectos negativos que se generarán de salir adelante el proyecto de modificaciones:
- Regresividad en los derechos fundamentales de las personas migrantes;
- Incorporación de causales amplias y de difícil determinación para expulsión, rechazo y revocación de permisos de residencia que pudieran exacerbar la xenofobia;
- Discriminación en el acceso al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes o hijos de migrantes irregulares;
- Barreras de acceso al derecho a la salud y a la educación;
- Vulneración del principio de presunción de inocencia, debido proceso e igualdad ante la ley;
- Restricciones en el acceso a la nacionalidad;
- Derogación del principio de no criminalización de la migración;
- Sanciones a personas que asistan a personas migrantes en situación irregular;
- Vulneración al derecho al trabajo de las personas migrantes; y la Discriminación en la protección de niños, niñas y adolescentes por la situación migratoria de sus padres.
Los firmantes exigen a las y los parlamentarios que defienden los derechos humanos rechazar estas modificaciones.
La carta termina haciendo un llamado a la sociedad civil:
“Hacemos un llamado como organizaciones de la sociedad civil a rechazar estas modificaciones, que violan principios fundamentales de derechos humanos y el respeto a la dignidad y protección de las personas migrantes.”
Puedes leer la carta abriendo este vínculo.
Fuente: El Maipo
