Organizaciones civiles exigen al Gobierno cumplir expectativas de regularización generadas con el proceso de empadronamiento biométrico de 2023 y 2024, mientras el debate político se agudiza a días del cambio de mando
La propuesta de la exministra del Interior, Carolina Tohá, de regularizar a más de 180 mil personas migrantes empadronadas antes del 11 de marzo desató una controversia que expone las tensiones entre el gobierno saliente y el entrante, pero sobre todo revela la situación de vulnerabilidad de miles de personas que confiaron en el Estado, consignó radio U. de Chile.
Un proceso inconcluso
Entre junio de 2023 y febrero de 2024, el gobierno de Gabriel Boric convocó a migrantes en situación irregular a participar en un empadronamiento biométrico. Miles respondieron al llamado, entregando datos personales sensibles y, en muchos casos, auto denunciándose por haber ingresado por pasos no habilitados. La expectativa, alimentada por la entonces ministra Tohá con referencias a una “regularización acotada”, era clara: el proceso concluiría con la normalización de su situación migratoria.
Sin embargo, a semanas del término del mandato presidencial, ese horizonte se ha desvanecido. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, descartó categóricamente que pueda concretarse una regularización en el tiempo restante, calificando el empadronamiento como “un acto de transparencia” del gobierno. Por su parte, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, tildó la propuesta de Tohá como “de muy mal gusto”, argumentando que sus consecuencias las debería asumir la próxima administración.
Voces críticas desde la sociedad civil
Para Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, lo planteado por Tohá es “muy relevante” considerando que “cientos de miles de personas extranjeras confiaron en el Estado” al participar del empadronamiento. Hilliger enfatizó que la mayoría de los empadronados tienen arraigo laboral y familiar, sin antecedentes penales, por lo que en una política de priorización de expulsiones “no es el grupo al cual uno quisiera destinar los recursos”.
La abogada advirtió sobre el efecto institucional de no concluir el proceso: si quienes confiaron en el Estado terminan siendo identificados para expulsiones, “quien esté en el Estado en un futuro y quiera hacer un llamamiento no va a tener éxito en esa convocatoria”. Llamó al diálogo entre gobierno saliente y entrante para resolver una situación que podría beneficiar a ambas administraciones.
Eduardo Cardoza, vocero del Movimiento de Acción Migrante, reconoció que “hay mucho de verdad” en los dichos de Tohá, pero cuestionó el momento del planteamiento. “¿Por qué no lo hizo ella cuando tenía las posibilidades de impulsarlo con tiempo?”, preguntó, advirtiendo que “no se puede jugar con las expectativas de cientos de miles de personas honestas”.
Cardoza recordó que la regularización ha sido solicitada desde 2015 por organizaciones y academia, y denunció que el empadronamiento “se transforma en una amenaza a nada menos que 180 mil personas” ante un gobierno entrante que promete expulsiones masivas. Sobre la respuesta de Vallejo, fue categórico: “Las regularizaciones no necesitan nada más que el tiempo para efectuarse y la voluntad del Ejecutivo; el resto son solo palabras para justificar lo injustificable”.
Una responsabilidad política y ética
En una carta abierta al presidente Boric, más de 100 organizaciones sociales y académicas, junto a cinco mil personas, denunciaron la falta de responsabilidad política y ética del gobierno. El documento señala que durante 2025 hubo tiempo suficiente para completar la regularización, y que la normativa vigente lo autorizaba.
Desde el Movimiento de Acción Migrante, su vocero Eduardo Cardoza señaló a radio U. de Chile: “Quienes confiaron en este gobierno progresista y se acercaron al empadronamiento están actualmente menos protegidos que quienes no lo hicieron“.
Esta situación advierte sobre múltiples consecuencias: desincentivos para la formalidad laboral, agravamiento de la exclusión, limitación del acceso a prestaciones básicas de seguridad social y afectación de la cohesión social.
El texto también alerta sobre los riesgos de que los datos recopilados sean utilizados con fines distintos a los declarados, especialmente ante un gobierno entrante cuyas promesas incluyen expulsiones masivas y hostigamiento en hospitales y escuelas.
El debate parlamentario
El diputado Rubén Oyarzo, presidente de la Comisión de Gobierno Interior, marcó distancia con la propuesta de Tohá, señalando que hubo “cuatro años para poder regularizar a través del Congreso” y que hacerlo “a última hora” podría generar conflicto innecesario. Sin embargo, reconoció que el Congreso debiera discutir una ley que defina el destino de los empadronados. “Hay que perseguir a los delincuentes, no a las nacionalidades”, enfatizó, recordando que la promesa de expulsar a 330 mil personas irregulares es “muy compleja” de concretar.
Un futuro incierto
A días del cambio de mando, 180 mil personas permanecen en el limbo. Quienes confiaron en el Estado entregando sus datos más sensibles enfrentan ahora la posibilidad de que esa información facilite su expulsión. El debate político continúa, pero para miles de familias con arraigo en Chile, el tiempo se agota y la incertidumbre crece.
